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hace 4 horas
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La sentencia de la juez Sandra Heredia que convierte a Uribe Vélez, fundador y presidente honorario del partido Centro Democrático, en el primer mandatario del país condenado por un caso judicial, pone a prueba no solo la autonomía del sistema judicial, sino también la institucionalidad y el respeto a sus derechos ciudadanos.
El proceso penal ha estado plagado de irregularidades, según ha sostenido el equipo de defensa del expresidente.
Los abogados, con la coordinación del penalista Jaime Granados, informaron a través de un comunicado que la defensa se centrará en el derecho a la presunción de inocencia del exmandatario, el cual ha sido vulnerado.
Y que apelará el fallo dentro de los cinco días legales para que sea revisado por una instancia superior.
Mientras, la juez Heredia informó que la citación para la lectura de la sentencia estaba prevista para el viernes 1 de agosto, tras la petición de la fiscal delegada ante la Corte, Marlenne Orjuela, de imponerle a Uribe una pena de más de 9 años de prisión, según reportes.
Respaldo internacional
El caso ha generado reacción internacional de gobiernos y expresidentes que dan su respaldo a Uribe ante un proceso que fuerzas democráticas sospechan influenciado por factores políticos que apoyan al mandatario colombiano.
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, denunció la “judicialización de la política” al usar el poder judicial como “arma” por parte de “jueces radicales”
“El único crimen del expresidente colombiano (Álvaro) Uribe ha sido pelear sin descanso y defender a su patria. El uso como arma del poder judicial de Colombia por parte de jueces radicales ha sentado ahora un precedente preocupante”, señaló Rubio en su cuenta de X.
También los expresidentes Mauricio Macri, de Argentina, y Felipe Calderón, de México, expresaron su rechazo a la condena, asimismo su solidaridad a Uribe por su integridad y liderazgo en el país
“Seguimos con preocupación las irregularidades detectadas durante el proceso que lo condenó. Lo acompañamos con la convicción de que demostró con coherencia su inocencia”, manifestó Macri al conocer la sentencia.
Petro ha considerado la reacción de EEUU como “una intromisión en asuntos judiciales de otro país”, y a su vez lo califica de “intromisión a la soberanía nacional”.
Largo proceso irregular
Uribe Vélez comenzó a ser investigado, tras una denuncia que el entonces senador Iván Cepeda, de la coalición de izquierdas Pacto Histórico a la que pertenece Petro, presentó en tribunales en 2012.
Según Cepeda, Uribe y su hermano Santiago habrían financiado a una facción paramilitar, el Bloque Metro, en la década de los 90 y presentó testimonios de dos detenidos para sustentar su señalamiento.
Ante ello, Uribe denunció ante la Corte Suprema a Cepeda por “manipular” a varios exparamilitares para testificar en su contra, pero el alto tribunal al que corresponde juzgar a altos funcionarios, desestimó la denuncia del expresidente en 2018.
Uribe inició entonces una larga batalla judicial.
En 2020, tras varias incidencias procesales, el expresidente fue detenido y sometido a casa por cárcel, lo cual lo obligó a renunciar al Senado.
La defensa de Uribe logró su libertad y solicitó el archivo judicial del caso en varias ocasiones. Ninguna prosperó.
En 2024, tras la llegada de una fiscal general considerada afín a Petro, el órgano acusador llamó a Uribe a juicio en el que declararon más de 90 testigos.
El proceso fue cuestionado por irregularidades.
La Fiscalía no entregó las pruebas a la defensa para que pudiera crear su estrategia en tiempo prudencial.
“No nos daba tiempo de conocer la información contenida en más de 894 gigas, por lo que elevamos la petición de que se nos dieran siete días para poder conocer la información, pero la juez Heredia lo negó faltando al derecho a la defensa del expresidente”, declaró Granados al DIARIO LAS AMÉRICAS en una conversación, en octubre de ese año.
Allí resaltó una de las “batallas judiciales” más complicadas que Uribe atravesó.
Los abogados denunciaron la “manipulación de pruebas promovidas en poder de la fiscalía y negadas a la defensa, “una de las irregularidades procesales más graves del proceso judicial” que llevaba la juez Heredia, la misma que ha condenado al expresidente este lunes 28 de julio.
Batalla judicial
Pero en octubre de 2024, el proceso penal contra Uribe entró en una etapa que los abogados calificaron de decisiva y que desafió de nuevo la independencia del sistema judicial, tras haber visto conculcados sus derechos en septiembre de 2024.
El Tribunal Superior de Bogotá dictó entonces una sentencia a favor del exmandatario que restituyó sus derechos al debido proceso, de defensa y contradicción, que habrían sido vulnerados.
“Es la oportunidad de que el Poder Judicial se mantenga independiente y es lo que Uribe reclama como ciudadano y quien no se ha presentado encumbrado en este juicio por haber sido en dos ocasiones presidente y el senador más votado”, dijo entonces el abogado.
Granados esperaba así justicia, luego de que el expresidente logró ganar otra batalla judicial en el largo proceso que llevaba años.
El 1 de julio pasado, el abogado advirtió que “la Fiscalía no hizo el más mínimo esfuerzo para demostrar su teoría del caso”, en un juicio que duró cinco meses, tiempo en el cual no se alegó ninguna evidencia para sustentar la acusación, según afirmó.
“Lo que esperamos es que se den garantías. Lo que el expresidente pide es que respeten sus derechos, y no pide tenerlos más que nadie, tampoco menos que cualquiera”, afirmó el penalista y docente universitario.
Ante la creciente polarización que divide a la sociedad colombiana, hay expectación sobre el futuro del proceso judicial y de la presunción de inocencia del expresidente, que se juega en esta nueva batalla judicial que inicia a partir de la primera semana de agosto.
FUENTE: Con información de NTN24, Redacción DLA
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